La Corte Constitucional ha dejado en firme una de las disposiciones más relevantes de la Ley 2434 de 2024, que establece sanciones disciplinarias para los notarios que incumplan los plazos establecidos en trámites relacionados con la adquisición de vivienda. Esta decisión, contenida en una sentencia que revisó varias demandas contra la norma conocida como "Vivienda al alcance de todos", concluyó que los apartados cuestionados se ajustan a la Constitución.
Plazos firmes para trámites notariales
El alto tribunal examinó el artículo 10 de la Ley 2434 de 2024, que crea un procedimiento especial de reparto notarial para contratos de vivienda financiados con recursos de entidades estatales. La norma fija tiempos concretos para cada etapa: contacto inicial con los interesados, solicitud de documentos, firma de escrituras, remisión a representantes legales, numeración, firma del notario y expedición de copias.
La ley señala que el notario que incumpla estos términos incurre en una falta disciplinaria, disposición que fue una de las más cuestionadas en la demanda. Sin embargo, la Corte consideró que la medida no vulnera garantías constitucionales como el debido proceso, la legalidad o la tipicidad.
Argumentos de la Corte
Los demandantes argumentaban que la creación de una falta disciplinaria violaba principios constitucionales. No obstante, la Corte concluyó que la norma debe interpretarse junto con el Estatuto del Notariado y el Código General Disciplinario, que regulan el procedimiento y las sanciones aplicables. La corporación explicó que la disposición no establece responsabilidad automática; en cada investigación se deberán analizar las circunstancias específicas, determinar si existió dolo o culpa, y verificar factores que excluyan la responsabilidad.
Además, el fallo indica que cualquier sanción debe respetar criterios de razonabilidad y proporcionalidad, así como las garantías de defensa previstas en el ordenamiento jurídico.
Objetivo: reducir barreras para comprar vivienda
Más allá del componente disciplinario, la Corte centró su análisis en el propósito de la ley: facilitar el acceso a la vivienda mediante créditos hipotecarios y leasing habitacional. Establecer plazos y consecuencias busca evitar retrasos injustificados para quienes ya tienen aprobado un crédito o están en proceso de adquirir un inmueble.
La sentencia concluye que estas medidas reducen barreras que encarecen, retrasan o dificultan la compra de vivienda. En consecuencia, la Corte declaró exequibles las disposiciones demandadas, manteniendo vigente el esquema diseñado por el Congreso para agilizar trámites inmobiliarios. Los notarios siguen sujetos a investigaciones disciplinarias si incumplen los plazos legales.
Para quienes buscan adquirir vivienda, el mensaje de la Corte es claro: la rapidez y eficiencia en estos trámites también facilitan el acceso a una casa propia.
