La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Fundación para el Estado de Derecho presentaron ante la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) una denuncia formal en la que señalan serias preocupaciones sobre la neutralidad institucional y la equidad en la contienda electoral, debido a intervenciones y declaraciones del presidente Gustavo Petro.
Detalles de la denuncia
En el documento, los denunciantes adjuntan publicaciones del presidente en la red social X, así como alocuciones y otros espacios en los que se refiere a las elecciones. Según la denuncia, en algunos casos Petro utiliza plataformas institucionales para pronunciamientos relacionados con la campaña electoral.
“Los hechos descritos a continuación evidencian una conducta reiterada del presidente de la República consistente en realizar pronunciamientos de contenido electoral, intervenir en controversias propias de la competencia de las autoridades electorales y utilizar plataformas institucionales del Estado en un contexto de campaña presidencial, pese a la existencia de advertencias, decisiones judiciales y llamados de organismos nacionales e internacionales orientados a preservar la neutralidad institucional”, señala la denuncia.
Además, se observa “la utilización de recursos, canales y plataformas estatales —incluyendo cuentas institucionales de la Presidencia de la República, ministerios del Gobierno nacional y medios públicos de comunicación— para la difusión de mensajes de contenido político-electoral, circunstancia que ha sido objeto de observaciones por parte de misiones internacionales de observación electoral y que plantea interrogantes relevantes sobre la igualdad de condiciones entre las candidaturas participantes”.
Preocupaciones internacionales
Los denunciantes destacan que estas preocupaciones no son solo suyas. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, en su Declaración Preliminar del 2 de junio de 2026, documentó múltiples situaciones relacionadas con la promoción de logros gubernamentales por parte de entidades estatales durante el período electoral, la utilización de plataformas oficiales por ministerios, el favorecimiento informativo de determinadas opciones políticas en medios públicos y la difusión de narrativas que afectaron la confianza pública en el proceso electoral.
No obstante, los mismos organismos internacionales que formularon observaciones sobre el comportamiento de autoridades públicas también destacaron la transparencia, trazabilidad y confiabilidad del proceso electoral, descartando elementos que permitieran cuestionar la integridad general del sistema electoral colombiano.
Patrón de actuación
Según la denuncia, “estos hechos permiten identificar un patrón de actuación que compromete principios esenciales para la celebración de elecciones libres y auténticas, entre ellos la neutralidad estatal, la equidad de la contienda, la confianza pública en las autoridades electorales y el respeto por los resultados democráticamente producidos”.
Los denunciantes consideran que “la gravedad, reiteración y actualidad de los hechos documentados justifican que la Misión valore la conveniencia de emitir un pronunciamiento específico sobre estas conductas antes de la celebración de la segunda vuelta presidencial, con el fin de contribuir a la preservación de la confianza pública, la equidad de la contienda y el respeto de los estándares democráticos interamericanos”.
Asimismo, el documento señala que estos hechos se han presentado incluso cuando existían decisiones judiciales que buscaban proteger la confianza pública en el proceso electoral. También se refieren a los cuestionamientos que ha hecho el presidente a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Las conductas documentadas en esta denuncia reflejan una serie de cuestionamientos públicos reiterados dirigidos contra las dos instituciones que integran la organización electoral, sin que tales afirmaciones hubieran sido respaldadas por las autoridades competentes, decisiones judiciales o verificaciones técnicas independientes”, dice la denuncia.
Solicitudes a la OEA
La ANDI y la Fundación para el Estado de Derecho formulan varias solicitudes a la Misión de Observación Electoral de la OEA. Entre ellas, que emita un pronunciamiento sobre la conducta del presidente y que refuerce su presencia para la segunda vuelta electoral.
Específicamente, piden: “Pronunciarse expresamente, antes del 21 de junio de 2026, sobre el desacato del presidente de la República a las órdenes judiciales vigentes en materia de propaganda electoral y afirmaciones infundadas sobre la confiabilidad de la organización electoral, calificando esa conducta como factor de riesgo autónomo para la integridad de la segunda vuelta presidencial”.
Además, solicitan “emitir un pronunciamiento preventivo recordando a todos los actores políticos, incluyendo al Ejecutivo, el deber de respetar las reglas electorales, la neutralidad del Estado, la igualdad de condiciones entre candidaturas y la aceptación institucional de los procedimientos legales de escrutinio y proclamación”.
