Un escándalo de presunta corrupción sacudió este lunes al Tolima. La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera, por supuestas irregularidades en un contrato firmado en junio de 2024 para la adquisición de alimentos para perros y gatos de un centro de protección animal.
Detalles de la imputación
Según el ente acusador, la alcaldesa habría delegado el ordenamiento del gasto en el entonces secretario de Gobierno, Edward Amaya Márquez, y dado instrucciones para adjudicar el contrato a una empresa que se encargaba del servicio de aseo de la Alcaldía y de los colegios de la ciudad. Además de Aranda y Amaya, también son investigados la abogada de la Secretaría de Gobierno, Jessika Soto Salas; el contratista Ernesto Alfonso Quiroga; y la asesora de despacho, Johana Carolina Veloza Guio.
La Fiscalía señaló que Veloza Guio, Soto Salas y Amaya Márquez celebraron el contrato pese a saber que la empresa seleccionada no tenía relación con el objeto contractual ni experiencia en el suministro de alimentos para perros y gatos. Asimismo, la asesora habría elaborado los estudios previos con precios ajenos al mercado y solicitado cotizaciones únicamente a dos contratistas, entre ellos el adjudicatario, cuyos representantes legales tenían vínculos de parentesco.
Responsabilidades individuales
Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima imputó a los procesados, según su presunta responsabilidad individual, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. En el caso del contratista Ernesto Alfonso Quiroga, el ente acusador considera que es responsable de haber permitido el direccionamiento del contrato a su favor y de haber obtenido 34.991.000 pesos por concepto de sobrecostos.
Reacción de los implicados
La alcaldesa Aranda, del partido Centro Democrático, negó su responsabilidad y no aceptó cargos. De la misma manera sucedió con los demás imputados. Las audiencias no avanzaron en la solicitud de medida de aseguramiento, por lo que los investigados deberán defenderse en libertad.
