Fiscalía presenta acusación formal contra Ricardo Roa por tráfico de influencias
En un avance significativo dentro del proceso judicial que involucra a la cúpula de la estatal petrolera, la Fiscalía General de la Nación radicó formalmente el escrito de acusación en contra de Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, quien se encuentra en uso de licencia. La diligencia se llevó a cabo antes de que se cumpliera el plazo legal de 90 días, ratificando los cargos por el delito de tráfico de influencias que ya le habían sido imputados el pasado 11 de marzo.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por el ente acusador, existe evidencia que señala a Roa como el presunto responsable de haber ejercido presiones indebidas dentro del grupo empresarial Ecopetrol para favorecer con contratos a Juan Guillermo Mancera, un excoronel de la Policía Nacional. Así lo informó la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, que expuso las irregularidades en torno a transacciones inmobiliarias y contractuales que vinculan al alto ejecutivo con el mencionado exoficial.
El nexo inmobiliario: el apartamento 901
El origen de la investigación se remonta a la adquisición de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá por parte de Ricardo Roa. Según el reporte de EL TIEMPO, Juan Guillermo Mancera habría actuado como intermediario en esta compra, facilitando los pagos para cubrir un valor de 1.800 millones de pesos. Estos desembolsos se habrían realizado a través de la empresa Innova Mercadeo y Logística LTDA, propiedad del excoronel.
La vendedora del inmueble fue la firma Princeton International Holdings Ltd, entidad vinculada a Serafino Iacono, un reconocido inversionista en el sector de petróleo y gas. No obstante, la Fiscalía ha puesto en duda la legalidad de las cifras reportadas. Durante la audiencia de imputación, el ente acusador sostuvo que el valor real de la propiedad ascendía a los 2.700 millones de pesos, lo que significa que Roa habría obtenido un beneficio de 927 millones de pesos por debajo del precio de mercado. Para la fiscal del caso, Claudia Emilia Garrido Durán, este precio preferencial sería el resultado directo de los favores que Roa realizaría posteriormente para beneficiar a Mancera.
Presiones en Hocol y el proyecto Chuchupa Ballena
La acusación de la Fiscalía no se limita a la compra del inmueble, sino que se extiende a las acciones de Roa dentro del holding petrolero. Se alega que el presidente de Ecopetrol utilizó su cargo para instruir a Luis Enrique Rojas, presidente de Hocol, con el fin de adjudicar oportunidades de negocio a Juan Guillermo Mancera. Específicamente, el ente investigador documentó que Roa habría presionado para que el proyecto denominado Chuchupa Ballena fuera entregado a la empresa Gaxi, también de propiedad de Mancera.
Para sustentar estas afirmaciones, la Fiscalía cuenta con registros de reuniones clave: una de ellas ocurrida el 26 de agosto de 2024 en el restaurante Flora, y otros encuentros en las oficinas de Ecopetrol entre septiembre y octubre del mismo año. Luis Enrique Rojas ya ha entregado declaraciones oficiales a la justicia sobre estos eventos.
La defensa y las inspecciones judiciales
A pesar de los señalamientos, Ricardo Roa ha sostenido su inocencia de manera reiterada. En declaraciones recogidas por EL TIEMPO, el ejecutivo afirmó que la compra del apartamento fue completamente legal y que, para el momento de la transacción, desconocía los vínculos de la vendedora con Serafino Iacono. Asimismo, negó en entrevistas previas que Mancera hubiera tenido relación alguna con la negociación del inmueble.
Sin embargo, la empresa vendedora, Princeton International Holding, proporcionó a la Fiscalía registros de pagos y transacciones en efectivo que sí vinculan a la firma de Mancera, realizados entre marzo de 2023 y febrero de 2024.
En el marco de estas pesquisas, agentes del CTI realizaron inspecciones judiciales en las oficinas de Mancera en Bogotá e Ibagué durante el mes de septiembre de 2025. Por su parte, Ecopetrol emitió un comunicado oficial negando que sus directivos hubieran dado instrucciones para favorecer a la empresa Gaxi en los procesos de Hocol. El proceso judicial continuará ahora en la etapa de juicio tras la radicación de este escrito.
