La Fiscalía General de la Nación informó que, tras las pruebas presentadas durante el juicio oral contra Ottomar Lascarro por su participación en el caso de corrupción conocido como Centros Poblados, una juez penal de conocimiento de Bogotá emitió sentido de fallo condenatorio contra el empresario. Según el ente investigador, Lascarro intervino de manera irregular en la conformación de la unión temporal a la que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) le adjudicó un millonario contrato de conectividad rural.
Detalles de la condena
Lascarro pretendía recibir cerca de 4.000 millones de pesos colombianos por sus actuaciones irregulares detectadas en el contrato 1043 de 2020, por un billón de pesos, suscrito entre el MinTIC y la Unión Temporal Centros Poblados para llevar internet a más de 7.000 escuelas rurales del país. Por estos hechos, el empresario fue declarado responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado.
Irregularidades en el contrato
De acuerdo con la Fiscalía, Lascarro Torres aportó los nombres, la experiencia e información financiera de dos empresas de su propiedad para conformar la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, y acreditar la capacidad técnica y trayectoria suficientes. De esta manera, hicieron incurrir en error a los funcionarios del MinTIC que les adjudicaron el contrato de conectividad rural. Por estas irregularidades, Lascarro recibió cerca de 250.000 dólares, los cuales fueron transferidos a una cuenta del procesado en Estados Unidos.
Impacto del caso
El caso Centros Poblados ha sido uno de los escándalos de corrupción más sonados en Colombia, pues involucra la asignación de recursos públicos para llevar conectividad a zonas rurales, un servicio que muchas comunidades aún no reciben de manera adecuada. En la sede central de la Institución Educativa Rural del Sur de Tunja, por ejemplo, hubo servicio de internet proveído por Centros Poblados, pero los docentes aseguran que nunca fue continuo ni con cobertura suficiente para todos los estudiantes. La condena contra Lascarro representa un paso en la lucha contra la corrupción y la búsqueda de justicia para las comunidades afectadas.
