La estrategia Paz Electoral, impulsada por la Procuraduría General de la Nación desde el inicio del calendario electoral, ha entrado oficialmente en una nueva fase. Tras meses de trabajo enfocado en garantías electorales, vigilancia institucional y pedagogía ciudadana para las elecciones legislativas, ahora la atención se centra en la participación de los servidores públicos en la campaña hacia las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.
Anuncio del procurador Gregorio Eljach
El procurador general, Gregorio Eljach, realizó el anuncio durante un encuentro con procuradores territoriales y delegados de todo el país, llevado a cabo en el auditorio Antonio Nariño, en la sede de la Procuraduría en Bogotá. La nueva etapa de la estrategia se presenta bajo el lema “La línea que no se cruza”, una campaña diseñada para advertir sobre las conductas que pueden constituir indebida participación en política y que podrían derivar en investigaciones o sanciones disciplinarias.
Objetivos de la campaña
Eljach enfatizó que el deber de la Procuraduría es prevenir y, en su caso, sancionar a los servidores públicos que sobrepasen la línea roja de lo prohibido. Durante su intervención, el procurador aclaró que no toda actuación o declaración de un funcionario constituye una falta disciplinaria. La intención de esta nueva fase de Paz Electoral es diferenciar entre el ejercicio legítimo de derechos políticos y aquellas conductas que sí cruzan los límites establecidos por la Constitución y la ley.
“Participar en política no solamente es un derecho, es un deber; participar indebidamente en política está prohibido y trae consecuencias”, señaló Eljach.
Prohibiciones para funcionarios públicos
La Procuraduría recordó que los funcionarios públicos no pueden utilizar recursos oficiales para favorecer campañas, presionar a subalternos para respaldar candidatos, emplear bienes del Estado en actividades proselitistas o difundir propaganda electoral desde sus cargos públicos. Estas acciones serán objeto de investigación y sanción disciplinaria.
Defensa de la gestión de la Procuraduría
Eljach también respondió a las críticas sobre la supuesta lentitud de la entidad frente a denuncias de participación política de funcionarios públicos. Defendió los tiempos de los procesos disciplinarios y aseguró que la Procuraduría no puede actuar únicamente con base en publicaciones en redes sociales o presiones mediáticas. “La Procuraduría no puede ser el sparring de los pésimos candidatos que quieren hacerse presidentes a costilla de la honra de las instituciones”, afirmó.
En su discurso, realizó una defensa de la primera etapa de Paz Electoral, señalando que la estrategia contribuyó a que las elecciones legislativas se desarrollaran sin mayores cuestionamientos sobre fraude o alteraciones del proceso. “Aquí hubo elecciones libres, transparentes y seguras”, enfatizó.
Articulación institucional
Según explicó, la iniciativa permitió articular a procuradores, personeros, autoridades electorales, gremios, universidades y organismos de control en torno a la vigilancia electoral y la defensa de las garantías democráticas.
Nuevas medidas
Como parte de esta nueva fase, Eljach firmó la Circular 10, un documento que contiene lineamientos sobre obligaciones, prohibiciones y deberes de los servidores públicos frente al proceso electoral. Además, anunció que el Ministerio Público reforzará las herramientas tecnológicas para recibir denuncias relacionadas con participación indebida en política. La estrategia pedagógica será enviada a funcionarios públicos de todo el país a través de canales institucionales.
Contexto político
La nueva apuesta de Paz Electoral llega en un ambiente político marcado por denuncias cruzadas, cuestionamientos sobre intervenciones de funcionarios públicos y crecientes tensiones alrededor de la campaña presidencial. Desde la Procuraduría, el mensaje fue claro: la participación política está permitida, pero hay una línea que no se puede cruzar.
Contenido elaborado con apoyo de la Procuraduría General de la Nación.
