La Procuraduría General de la Nación ha puesto en marcha la segunda fase de la estrategia Paz Electoral, con el objetivo de reforzar la vigilancia sobre la participación indebida en política de los servidores públicos, de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Bajo el lema “La línea que no se cruza”, el Ministerio Público busca prevenir irregularidades y garantizar la transparencia del proceso electoral.
Un mensaje de confianza institucional
El procurador general, Gregorio Eljach, advirtió sobre el riesgo de que la ciudadanía pierda la fe en las instituciones democráticas. “Si dejamos avanzar la idea de que todo está roto, le abrimos la puerta al caos”, afirmó durante el lanzamiento de la campaña. Eljach destacó que las elecciones legislativas de marzo demostraron que es posible realizar comicios transparentes y seguros, y que la abstención se redujo por primera vez en la historia reciente.
Prevención y pedagogía
La nueva etapa de Paz Electoral se centra en la prevención de la indebida participación en política de funcionarios públicos. “Es una estrategia comunicacional con alto sentido pedagógico”, explicó Eljach. “Queremos que los funcionarios no crucen la línea prohibida por la Constitución. Si lo hacen, tendrán consecuencias disciplinarias”. La Procuraduría desplegará acciones formativas en todo el territorio, especialmente en regiones apartadas como Catatumbo, Cauca y Chocó, donde la presencia institucional es débil.
El desafío de la desconfianza
El procurador reconoció que existe un clima de escepticismo y polarización. “No podemos convertir sospechas en acusaciones sin pruebas”, subrayó. “Las denuncias deben ser responsables y sustentadas”. Eljach insistió en que las instituciones deben ser defendidas para mantener la estabilidad democrática. “Colombia no puede entrar a unas elecciones pensando que todo está perdido”, agregó.
Riesgos de orden público
El procurador manifestó su preocupación por la seguridad en regiones como Catatumbo, Arauca, Cauca y Antioquia, donde grupos armados podrían interferir en el proceso electoral. “Las autoridades tienen experiencia y capacidad para actuar preventivamente”, aseguró. La Procuraduría coordinará con la fuerza pública y la Registraduría para garantizar que los ciudadanos puedan votar sin presiones ni intimidaciones.
Un llamado a la esperanza
Eljach concluyó con un mensaje de optimismo: “La gente quiere escoger libremente a su candidato. Si participamos y votamos, las instituciones se fortalecen. No podemos dejar que discursos de odio o falsas alarmas destruyan lo que hemos construido en más de 200 años de democracia”. La Procuraduría continuará monitoreando el proceso electoral y aplicando sanciones a quienes violen la ley.
