La primera gran marcha estudiantil contra los recortes del Gobierno de José Antonio Kast en Chile dejó un saldo de 35 detenidos, seis heridos entre manifestantes y policías, y fuertes cuestionamientos a las fuerzas de seguridad por la forma en que se reprimió la protesta.
Entre los heridos, una universitaria tuvo que ser operada de urgencia. Su rostro ensangrentado se hizo viral en redes sociales y generó críticas de diversas figuras, como el presidente colombiano, Gustavo Petro.
El estatal e independiente Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó que la joven ingresó con lesiones de carácter grave y requería intervención quirúrgica. Hasta el momento se desconocen las causas exactas de las heridas y su estado de salud actual.
Defensa del Gobierno y la policía
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió la actuación de Carabineros y afirmó que el deber del Estado es cuidar a las personas, resguardar el orden público y respaldar a quienes protegen a los chilenos. En su cuenta de X, Arrau señaló que una sociedad que aspira a vivir en paz no puede normalizar la violencia ni victimizar de manera selectiva, y agregó que tres de los detenidos portaban bombas molotov.
El delegado presidencial de la Región Metropolitana de Santiago, Germán Codina, también respaldó a la policía, asegurando que su comportamiento fue una respuesta ante situaciones que se salieron de control.
Desarrollo de la protesta
Al grito de ¡La educación pública se defiende!, miles de estudiantes marcharon por el centro de Santiago en contra del plan de austeridad del Gobierno. Fue la primera gran movilización desde la llegada al poder del líder ultraderechista. La protesta fue organizada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), que aglutina a las principales universidades, y contó con el respaldo de otros gremios como la Coordinadora Feminista 8M y el Colegio de Profesores, que denunció una represión desproporcionada.
Kast, quien siempre ha defendido a las fuerzas de seguridad y se refiere a las protestas de 2019 como estallido delictual, ordenó al asumir el poder un ambicioso plan de ajustes y recortes en la mayoría de los ministerios, equivalente a 2.000 millones de dólares.
