La minga, que nació a mediados de los años ochenta en el Cauca, fue un grito que reclamaba el reconocimiento de los pueblos ancestrales como sujetos de pleno derecho. A ella se sumaron más pueblos indígenas y negros del país, el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta y algunos sectores políticos que entonces pactaban la paz. La Constitución Política de 1991 validó ese reconocimiento y abrió caminos democráticos que, cuatro décadas después, constituyen el ejercicio pleno de una política incluyente y multicultural.
Avances constitucionales y participación étnica
En los años noventa, poco se sabía sobre el significado de la plurietnia y la multiculturalidad. El artículo 171 de la Constitución creó la circunscripción especial indígena para el Senado, y el artículo 176 estableció curules especiales en la Cámara de Representantes, reglamentadas para indígenas y afrodescendientes una década después mediante la Ley 649 de 2001. Actualmente, existen cuatro curules especiales indígenas: dos en el Senado y dos en la Cámara de Representantes, además de dos curules para la Cámara en la circunscripción afro. Dado que hay 296 curules en total, la participación étnica apenas supera el 1 %.
Según el último Censo Nacional Agropecuario, la población rural en Colombia es de 15,5 millones de personas, de las cuales el 6,8 % son indígenas y el 7,1 % son negras. Esto significa que el 1 % de participación política representa al 13,9 % de la población nacional. La Agencia Nacional de Tierras reporta 788 resguardos indígenas de 115 pueblos diferentes, que ocupan cerca de 31 millones de hectáreas, y más de 300 consejos comunitarios de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, con poco más de 8 millones de hectáreas formalizadas. Cerca del 32 % del territorio nacional está bajo figuras colectivas de propiedad, lo que refleja el carácter multicultural del país.
Mujeres étnicas en el poder
Aunque desde 1991 se reconoció la multiculturalidad en el papel, pasaron décadas para que una mujer étnica ocupara un lugar de poder y decisión como la Vicepresidencia de la República. La presencia de Francia Márquez en la arena política en 2022 y la de Aida Quilcué en la actualidad invitan a reflexionar sobre agendas que desafían la tradición blanca hegemónica y ponen en escena el mapa humano de una realidad multicultural.
Francia Márquez, abogada, ambientalista, activista y feminista afrocolombiana, fue elegida vicepresidenta en 2022 con una votación que superó a los tradicionales clanes políticos. Ella habló al país sobre una realidad de despojo y pobreza histórica causada por el racismo estructural, evidente en los daños ambientales y sociales. Por su parte, Aida Quilcué, indígena nasa, ha sido lideresa comunitaria y consejera de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Hoy es senadora de la República y candidata a la Vicepresidencia. Su presencia en la contienda electoral ha tenido que justificarse frente a un clasismo político que critica la ausencia de pergaminos académicos, desconociendo casi cinco décadas de trayectoria en formación política y liderazgo comunitario alcanzadas mediante su participación en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Perseguida desde el asesinato de su esposo en 2008, sigue enfrentando hostilidades propias del escenario político y representa el liderazgo indígena forjado a lo largo de siglos de lucha territorial.
Significado de la participación política étnica
Esta participación política étnica de alto nivel invita a entender este momento como una expresión de la política multicultural por tres razones: porque reconoce liderazgos que han emergido en medio del conflicto; porque permite comprender las maneras en que hemos atravesado décadas de violencia; y porque ayuda a identificarnos en una geografía humana marcada por condiciones históricas de desigualdad asociadas a las diferencias étnicas.
