La presión contra los medios de comunicación se intensifica en Venezuela bajo el gobierno de Delcy Rodríguez. El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) documentó 97 agresiones contra periodistas y medios en apenas cinco meses, entre enero y mayo de 2026. Esta cifra supera ampliamente los 72 incidentes registrados en el mismo período del año anterior, evidenciando un deterioro sostenido de las condiciones para el ejercicio informativo en el país.
Cifras alarmantes de agresiones
El balance elaborado por el Observatorio de Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios del CNP revela la diversidad de mecanismos empleados para limitar la labor informativa. Entre las principales vulneraciones se encuentran: detenciones arbitrarias (18), impedimentos de cobertura (16), deportaciones de corresponsales extranjeros (15), ataques directos (12), borrado de material grabado (12), hostigamiento (10), intimidación (8) y cierre de emisoras de radio (4).
Denuncian censura estructural
Edgar Cárdenas, secretario general de la seccional Caracas del gremio, advirtió que los ataques contra la prensa ya no pueden interpretarse como hechos aislados, sino como parte de una política sistemática de restricción y control de la información. "Pasamos de una política de incidentes a una censura estructural caracterizada por detenciones arbitrarias, impedimentos de cobertura y el preocupante fenómeno de las deportaciones de corresponsales extranjeros", afirmó.
Para el gremio, estos datos muestran un patrón que combina acciones de fuerza, restricciones administrativas y mecanismos de intimidación destinados a reducir el espacio para el periodismo independiente y la cobertura de asuntos de interés público.
Judicialización y leyes de censura
Uno de los aspectos más preocupantes es la situación de seis periodistas y trabajadores de la comunicación que, pese a haber sido excarcelados, continúan sometidos a medidas que restringen significativamente sus derechos y su actividad profesional. Según el CNP, estos comunicadores permanecen bajo regímenes de presentación judicial periódica, tienen prohibición de salida del país y enfrentan restricciones que les impiden declarar públicamente sobre sus casos o ejercer con normalidad su labor periodística.
Cárdenas sostuvo que este esquema de persecución penal se apoya en un entramado normativo que ha sido utilizado para criminalizar la disidencia y limitar el pensamiento crítico. En particular, señaló la aplicación de instrumentos como la Ley contra el Odio y la Ley Simón Bolívar. "Son normas ambiguas que se utilizan deliberadamente para forzar a los medios a la autocensura por temor a sanciones penales o administrativas desproporcionadas", alertó.
Resiliencia y formación frente a la crisis
A pesar del cierre de cuatro emisoras de radio y del progresivo debilitamiento del ecosistema mediático venezolano, el CNP Caracas aseguró que responderá a este escenario con mayores esfuerzos de capacitación, organización gremial y fortalecimiento profesional. En las próximas semanas, la seccional anunciará una agenda de foros, conversatorios y actividades académicas dirigidas a periodistas, comunicadores y estudiantes de comunicación social, con el objetivo de fortalecer herramientas para el ejercicio de la profesión en un contexto cada vez más adverso.
El pronunciamiento concluyó con un llamado al respeto de los compromisos internacionales asumidos por el Estado venezolano en materia de libertad de expresión y derechos humanos, así como con un mensaje de resistencia institucional. "Mientras existan periodistas dispuestos a defender el derecho de la ciudadanía a recibir información oportuna y veraz, seguiremos conmemorando nuestro mes con dignidad y firmeza", concluyó Cárdenas.
