Una ciudadana de nacionalidad venezolana, que contaba con una medida administrativa de expulsión vigente, fue interceptada por las autoridades migratorias en Valledupar cuando pretendía someterse a un procedimiento médico. El caso se registró en las últimas horas y culminó con su entrega a las autoridades migratorias de Venezuela en el puesto de control de Paraguachón.
Alerta en centro asistencial
La mujer, cuyo paradero era desconocido, acudió a una institución prestadora de servicios de salud en Valledupar. Su ingreso al centro asistencial activó de inmediato una alerta que permitió a los oficiales del Centro Facilitador de Servicios Migratorios (CFSM) en el Cesar identificarla y verificar su situación migratoria.
Según informó Migración Colombia, tras las verificaciones correspondientes se confirmó que sobre la ciudadana pesaba una resolución de expulsión emitida por el CFSM de Valledupar en el año 2024. Una vez validada su identidad y corroborada la existencia de la medida administrativa, se activaron los procedimientos para ejecutar la sanción migratoria.
Procedimiento de expulsión
En un comunicado oficial, la entidad señaló: “Oficiales de Migración Colombia adscritos al Centro Facilitador de Servicios Migratorios (CFSM) de Valledupar, en coordinación con funcionarios del Puesto de Control Migratorio de Paraguachón, ejecutaron la expulsión de una ciudadana de nacionalidad venezolana, quien fue entregada formalmente a las autoridades migratorias de la República Bolivariana de Venezuela”.
La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, declaró: “En Migración Colombia aplicamos las medidas migratorias establecidas por la normativa vigente, siempre con respeto por los derechos humanos y las garantías del debido proceso. Actuamos con firmeza para hacer cumplir la ley y contribuir a la seguridad en todo el territorio nacional”.
Fortalecimiento de controles
La entidad informó que continuará fortaleciendo los controles migratorios para hacer efectivas las medidas administrativas vigentes en ciudadanos que no cuentan con autorización para permanecer en el país. Este caso evidencia la coordinación entre los distintos puestos de control y la capacidad de respuesta ante alertas generadas en centros de salud u otros establecimientos.
Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad y el cumplimiento de la ley, garantizando el respeto por los derechos humanos durante todos los procedimientos migratorios.
