En 2025, más de tres personas privadas de la libertad murieron cada día en Ecuador, un promedio de una cada siete horas. El hambre y la enfermedad se cobraron más vidas que la violencia entre internos durante los peores años de las masacres, cuando cientos fueron asesinados con armas de guerra. El incremento coincide con la llegada de los militares a las prisiones, ordenada por el gobierno de Daniel Noboa, y hay quienes aseguran que esta tragedia responde más a una decisión deliberada que a la incapacidad estatal.
Familias en busca de sus seres queridos
Griselda vio cómo su hijo Juan Enrique, de 36 años, se consumía por el hambre y el dolor en sus pulmones. Desde su celda en la Penitenciaría del Litoral, él le suplicaba: “Mamita, sácame de aquí. Llévame a hacerme ver, me siento mal”. Griselda presentó un habeas corpus en julio de 2025 para que atendieran su tuberculosis y desnutrición severa. El 20 de agosto, un juez instaló la audiencia, pero la declaró fallida porque Juan Enrique no fue trasladado. Tres días después, Griselda descubrió en la morgue que su hijo había muerto el 18 de agosto, dos días antes de la audiencia. El acta de defunción señala infarto, insuficiencia respiratoria, desnutrición crónica y neumonía.
El juez emitió un dictamen declarando la vulneración “grosera” de derechos, ordenando disculpas públicas e indemnización, pero nada se ha cumplido. Griselda denunció homicidio en la Fiscalía, temiendo que su otro hijo Pedro, también preso, corra la misma suerte.
Récord de muertes en 2025
Según cifras del Ministerio del Interior, al menos 1.220 personas privadas de la libertad murieron en 2025, más de tres cada día. De ellas, 566 fueron catalogadas como “naturales” y 448 como indeterminadas; en cerca del 40% de los fallecimientos, el Estado no determinó las causas. La violencia intracarcelaria también fue alta: 206 asesinatos, la segunda cifra más alta después de 2021.
Un exdirector de prisiones de Guayaquil señaló que mantener a los internos debilitados podría ser una estrategia deliberada. “Creo que mantenerlos debilitados es una estrategia. Así, si surge un brote de violencia, la gente no va a poder responder”, afirmó. Un interno, Felipe*, dijo que desde la ocupación militar las muertes son diarias: “Antes al menos podíamos estudiar. Ahora la comida es insuficiente y la atención médica nula”.
Tuberculosis y desnutrición: una combinación letal
La tuberculosis se disparó en las prisiones: de 641 casos en 2023 a 2.576 en 2025, cuadruplicándose en dos años. La Penitenciaría del Litoral concentra el 71% de los casos. En celdas para cuatro personas conviven hasta doce internos. Un informe del Ministerio de Salud de 2024 mostró tasas de incidencia 200 a 370 veces mayores que en las calles.
Una especialista de un hospital de Guayaquil relató que los presos llegan “como desechos, sin historia clínica”. Ha visto morir a unos 20 jóvenes con tuberculosis y desnutrición extrema. Carlos, de 29 años, llegó pesando 33 kilos; su familia logró un traslado urgente por orden judicial. Santiago, de 29, murió en julio de 2025 sin atención; su madre Benigna lo encontró en la morgue después de que un compañero le avisara.
El Ministerio de Salud reportó solo 61 muertes por tuberculosis en 2025, pero un análisis de 394 forenses de la Penitenciaría sugiere que el 79% podría tener tuberculosis no diagnosticada. Clara Freile, experta en tuberculosis, explica: “Si hubo diagnóstico y se les negó tratamiento, los están sentenciando a muerte”.
El hambre como arma de extorsión
Las bandas criminales exigen pagos diarios a los presos para permitirles comer. María, madre de un interno, ha pagado hasta USD 2.000 en tres meses por extorsiones, alimentos y “tarrinazos” (tarrinas de comida que cuestan entre USD 20 y USD 50). El Estado asigna USD 2.50 por ración diaria, pero la comida muchas veces no llega o es desviada.
La crisis de alimentación se agravó en abril de 2024, cuando el SNAI suspendió el pago a la empresa Lafattoria, dejando veinte cárceles sin comida. Familias, organizaciones y la Iglesia cubrieron el vacío. En noviembre de 2024, el gobierno adjudicó un nuevo contrato a CONALEC, pero el hambre persiste.
Ocultamiento y fosas comunes
El SNAI, liderado por el coronel Mauricio Mayorga, se negó a entregar información sobre muertes, alegando que depura bases de datos hasta 2029. Exfuncionarios reconocen una “política de ocultamiento”. Un comunicador del SNAI contó que la dirección encargada de cifras se negaba a reportarlas.
Muchos cuerpos terminan en entierros colectivos. Ana Morales encontró a su hijo en una fosa común en Santa Elena. Eliecer Bodero viajó seis horas para rescatar el cuerpo de su hijo Gregorio, que iba a ser enterrado en una fosa. El SNAI nunca notificó a la familia. En el cementerio de Santa Elena, trabajadores confirmaron que al menos 35 cadáveres de presos llegaron en fundas plásticas para ser enterrados colectivamente.
Abusos militares y corrupción
Desde la militarización, se han denunciado torturas y abusos. En una audiencia de habeas corpus en febrero de 2024, un interno con tuberculosis dijo que los militares le aplicaron corriente eléctrica. Otro relató que orinó sangre tras ser agredido. El juez Manuel Peña declaró la vulneración de derechos, pero fue atacado en redes sociales.
La corrupción también persiste. Internos compran celulares a militares por hasta USD 1.500. Un interno de Los Lobos dijo que las drogas siguen entrando. “Se sigue haciendo entrar cocaína y se vende a 1,25 el gramo”, afirmó.
Solidaridad entre presos
En medio de la crisis, los presos se cuidan entre sí. Felipe, un “contador” de la Penitenciaría, narró que en el pabellón 7, apodado “Camposanto”, morían dos o tres por día. “Teníamos que desayunar, almorzar y merendar con los muertos”. A pesar de todo, ayudan a los más débiles: “Le digo ‘Camposanto’, porque empezamos 210 y en menos de 15 días éramos 150 solo en mi ala”.
Una especialista del hospital de Guayaquil concluye: “Necesitamos no morir solos. Para algunas personas la cárcel es un sentimiento de hermandad. Ahí existen los padres que no tuvieron en sus casas. En ellos he visto humanidad”.
