Las autoridades estadounidenses arrestaron a Jamshid Ghomi, director ejecutivo de una empresa tecnológica con sede en Irán, por presuntamente vender tecnología informática de Estados Unidos al gobierno iraní, violando las sanciones vigentes. La detención se produjo este miércoles en Los Ángeles, California.
Acusaciones de violación de sanciones
Según un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ), Ghomi enfrenta una denuncia penal federal por adquirir y exportar equipos sofisticados de redes, seguridad y cifrado de origen estadounidense a clientes iraníes, incluidos centros nucleares y militares del régimen iraní. Las autoridades afirman que el acusado se enriqueció suministrando tecnología a la Organización de Energía Atómica de Irán y otras entidades sancionadas vinculadas al programa nuclear iraní.
John A. Eisenberg, fiscal general adjunto para la Seguridad Nacional, declaró: "La División de Seguridad Nacional exigirá responsabilidades a quienes violen nuestras leyes para promover las ambiciones nucleares de Irán".
Detalles del caso
Ghomi, de 63 años y residente de Newport Coast, California, es acusado de conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Se espera que comparezca el jueves 4 de junio ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Santa Ana, California. De ser declarado culpable, enfrentaría una pena máxima de 20 años de prisión.
El acusado posee nacionalidad estadounidense e iraní. Es fundador, propietario y director ejecutivo de Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd. (FPR), una empresa de redes informáticas con sede en Teherán.
Esquema de exportación ilegal
Las autoridades alegan que, entre 2011 y 2023, Ghomi utilizó cuentas personales de eBay y PayPal, junto con empresas fachada y agentes de transporte de mercancías en los Emiratos Árabes Unidos, para enviar ilegalmente tecnología estadounidense controlada a Irán sin obtener las licencias necesarias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Ghomi sabía que esta conducta era ilegal y tomó medidas deliberadas para ocultarla. Ordenó a sus cómplices en los Emiratos Árabes Unidos que no incluyeran su nombre en la documentación de envío, que omitieran las facturas de los envíos con destino a Irán y, en al menos dos ocasiones, que ocultaran equipos informáticos de origen estadounidense dentro de envíos más grandes.
Impacto del negocio
Las ventas anuales de FPR superaban los 10 millones de dólares y se destinaban a cientos de empresas y entidades gubernamentales iraníes, muchas de las cuales estaban sujetas a sanciones estadounidenses. Las autoridades también explicaron que una parte relativamente pequeña, pero significativa, de ese negocio se destinaba a los usuarios finales más sensibles de Irán: el aparato nuclear y militar del régimen iraní. La División de Investigación Criminal del IRS, en coordinación con la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio, está investigando el caso.
