La disputa entre Telefónica y el Estado colombiano ha escalado a una nueva instancia internacional. Según reveló el diario español El País, la multinacional de telecomunicaciones presentó el pasado 2 de junio una demanda ante la Corte de Distrito de Columbia, en Estados Unidos, con el objetivo de lograr la ejecución forzosa de un laudo arbitral emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
La acción judicial busca que se haga efectivo el pago ordenado por el tribunal internacional, una indemnización que, sumando intereses, estaría entre US$450 millones y US$500 millones. La compañía española, asesorada por la firma jurídica White & Case, argumenta que se venció la suspensión temporal que impedía exigir el pago del laudo mientras avanzaba un proceso de anulación promovido por Colombia.
Antecedentes del conflicto
El origen del conflicto se remonta a una controversia relacionada con los contratos de concesión de telefonía móvil firmados en 1994. En 2017, un tribunal de arbitramento colombiano determinó que Telefónica y Claro debían realizar pagos millonarios por concepto de reversión de activos, una cláusula que establecía que parte de la infraestructura de telecomunicaciones debía regresar al Estado al finalizar las concesiones. Como resultado de esa decisión, Telefónica desembolsó cerca de US$380 millones al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
Posteriormente, la empresa acudió al arbitraje internacional argumentando que la interpretación aplicada por las autoridades colombianas vulneraba las garantías contempladas en los acuerdos de protección de inversiones suscritos entre España y Colombia. La controversia llegó a su punto más relevante en noviembre de 2024, cuando el CIADI falló a favor de la multinacional y ordenó al Estado colombiano devolver el monto pagado, junto con intereses compuestos del 5% anual.
Garantía incumplida
A comienzos de 2026, un comité del CIADI había condicionado esa suspensión a que el Estado colombiano presentara una garantía bancaria internacional que respaldara el monto en disputa. Sin embargo, Colombia no entregó dicha garantía dentro de los plazos establecidos. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) confirmó a medios colombianos que el Gobierno no logró cumplir con la exigencia impuesta por el CIADI. Según explicó la entidad, el Presupuesto General de la Nación para 2026 no contaba con los recursos necesarios para respaldar una garantía de esa magnitud.
Esta situación abrió la puerta para que Telefónica acudiera a tribunales estadounidenses con el propósito de reclamar el cumplimiento de la decisión arbitral. Ahora será la Corte de Distrito de Columbia la encargada de determinar si admite la solicitud de ejecución. En caso de que el tribunal falle a favor de la compañía, Telefónica podría iniciar acciones para identificar y eventualmente solicitar el embargo de activos o cuentas del Estado colombiano ubicados en territorio estadounidense con el fin de recuperar los recursos reconocidos en el laudo.
Defensa en Europa
Mientras Telefónica busca hacer efectivo el laudo en Estados Unidos, Colombia mantiene abierta una estrategia de defensa en Europa. Representantes de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado participaron los días 3 y 4 de junio en audiencias realizadas en París ante un comité ad hoc del CIADI, donde buscan obtener la anulación del fallo emitido en 2024. La decisión que adopten tanto la justicia estadounidense como las instancias arbitrales internacionales será determinante para definir el futuro de uno de los litigios de inversión más relevantes que enfrenta actualmente el Estado colombiano.
