El Gobierno de Canarias ha reiterado su defensa firme del decreto que exige doce años de residencia en las islas para acceder a una vivienda protegida, negando que sea discriminatorio, en respuesta al recurso presentado por organizaciones sociales que lo califican de ilegal y racista.
Declaraciones del consejero de Vivienda
El consejero regional de Vivienda, Pablo Rodríguez (CC), ha subrayado este miércoles que el gobierno está convencido de que la vivienda pública debe destinarse a los canarios que desarrollan su proyecto de vida en las islas. Rodríguez afirmó que el criterio de arraigo incluido en el decreto no es discriminatorio, ya que no exige el lugar de nacimiento, sino una residencia mínima que demuestre un vínculo con la comunidad.
Argumentos contra la acusación de discriminación
Rodríguez explicó que el decreto prioriza a quienes llevan años demandando una vivienda en Canarias, frente a personas que puedan llegar en el futuro. Además, señaló que existen excepciones para situaciones de vulnerabilidad extrema, evaluadas por servicios sociales municipales o juzgados, lo que permite un acceso alternativo a la vivienda protegida.
El consejero insistió en que la norma no discrimina por origen o vulnerabilidad, sino que busca que las viviendas públicas sean para quienes residen en Canarias. Asimismo, destacó que el decreto cuenta con base jurídica en el Estatuto de Autonomía y fue aprobado con un informe favorable del Consejo Consultivo de Canarias.
Postura frente a la normativa europea
Consultado sobre posibles conflictos con normas europeas, Rodríguez indicó que Europa podría anular una norma que discrimine por lugar de procedencia, pero sostuvo que el decreto canario no incurre en eso. Diferenció la medida de las políticas de ultraderecha que priorizan por origen, afirmando que la vivienda pública debe ser para quienes viven en las islas, independientemente de su lugar de nacimiento.
