El próximo gobierno recibirá un desafío energético que combina presión fiscal, seguridad de abastecimiento y transformación tecnológica. Entre las decisiones más urgentes aparece el futuro de los subsidios a los combustibles líquidos, un mecanismo que, según expertos del sector, no solo representa una carga para las finanzas públicas, sino que también retrasa el avance de la movilidad eléctrica en el país.
Un sistema energético con múltiples presiones
De acuerdo con Julio César Vera, gerente general de Valjer Energy, Colombia inicia una nueva etapa política en medio de dificultades en distintos frentes energéticos. El país enfrenta retos relacionados con el suministro de energía eléctrica, la disponibilidad de gas natural, el abastecimiento de combustibles y la expansión de nuevas fuentes de generación para responder al crecimiento de la demanda.
Vera señaló que la seguridad energética será uno de los principales asuntos que deberá atender el próximo presidente. En el caso de la electricidad, indicó que el país necesita ampliar su capacidad de generación para cubrir el incremento del consumo proyectado hacia el final de la década. La entrada de nuevos proyectos energéticos avanza con dificultades derivadas de factores sociales, ambientales y regulatorios, lo que ha reducido los márgenes de maniobra del sistema y aumenta la necesidad de acelerar obras que garanticen la confiabilidad del servicio.
En cuanto al gas natural, las reservas actuales se encuentran por debajo de tres terapies cúbicos y equivalen a menos de seis años de autosuficiencia. Vera consideró prioritario agilizar el desarrollo de proyectos que permitan incorporar nuevas fuentes de suministro y aprovechar los recursos disponibles en el territorio nacional. “El país no puede garantizar su seguridad energética hacia el futuro dependiendo de energéticos importados”, afirmó. La articulación entre entidades nacionales, regionales y locales será determinante para acelerar licencias, permisos y procesos necesarios para poner en marcha proyectos estratégicos. También destacó la importancia de asegurar la entrada de infraestructura de importación de gas durante los próximos años, con el fin de evitar riesgos de abastecimiento para los hogares, la industria y el sector eléctrico.
El costo fiscal de mantener combustibles baratos
Uno de los temas que concentra la atención del sector energético es el esquema de subsidios a los combustibles líquidos. Vera recordó que Colombia ya es un importador neto de gasolina y que cerca de la mitad de la demanda nacional depende de compras externas. En el caso del diésel, aunque existe producción suficiente desde el punto de vista de volumen, el país requiere importar una parte del combustible para cumplir con los estándares de calidad exigidos. Las proyecciones oficiales muestran que la dependencia de las importaciones seguirá creciendo en los próximos años.
Bajo ese escenario, el especialista sostuvo que el próximo gobierno tendrá que avanzar en la eliminación gradual de los subsidios que aún permanecen vigentes. El costo fiscal asociado a estas ayudas ronda los 15 billones de pesos, una cifra que representa una presión significativa sobre unas finanzas públicas que ya enfrentan limitaciones. En materia de gasolina, el proceso de ajuste está más avanzado, mientras que en el diésel todavía existe una brecha cercana a los 8.000 pesos por galón entre el precio interno y el valor de referencia. Esa diferencia se traduce en subsidios que pueden alcanzar entre 800.000 y 1 millón de pesos mensuales por vehículo en algunos segmentos del transporte.
“El país tiene que avanzar en la eliminación de estos subsidios y en la liberación de los precios de la gasolina. En el diésel habrá que hacer ajustes graduales, pero importantes”, sostuvo Vera. El debate no se limita a un asunto presupuestal, sino que también involucra la manera en que los incentivos económicos influyen en las decisiones de consumo de los ciudadanos y de las empresas.
La transición eléctrica depende de las señales de precio
El experto afirmó que mantener combustibles fósiles subsidiados reduce los incentivos para migrar hacia tecnologías de menores emisiones. Mientras los usuarios encuentren gasolina y diésel artificialmente baratos, la adopción masiva de vehículos eléctricos avanzará a un ritmo más lento. “Si hacemos una política correcta en materia de precios energéticos, el país podrá avanzar decididamente en el programa de movilidad sostenible y movilidad eléctrica. De lo contrario, será muy difícil masificarla”, señaló.
La transición hacia vehículos eléctricos requiere que las señales de mercado reflejen los costos reales de cada fuente energética. Cuando existe un subsidio significativo sobre los combustibles tradicionales, los consumidores tienen menos razones económicas para considerar alternativas eléctricas. No obstante, Vera advirtió que el impulso a la movilidad eléctrica también exige resolver desafíos de infraestructura. El crecimiento del parque automotor eléctrico demandará mayores volúmenes de energía, nuevas redes de transmisión y una expansión acelerada de los proyectos de generación que actualmente se encuentran en desarrollo.
En paralelo, consideró que el sector transporte necesitará continuar mejorando su eficiencia operativa y tecnológica. En el caso del transporte de carga, destacó la importancia de fortalecer mecanismos que permitan una remuneración adecuada de los servicios y promuevan la modernización de la flota.
Mientras tanto, el mercado energético seguirá enfrentando el reto de equilibrar seguridad de suministro, sostenibilidad fiscal y transición tecnológica. En ese escenario, la decisión sobre los subsidios a los combustibles aparece como uno de los primeros temas que deberá abordar el próximo presidente, en un momento en que el país busca reducir presiones sobre las cuentas públicas y acelerar la adopción de nuevas formas de movilidad.
