Panorama del empleo para personas con discapacidad en Colombia
En Colombia, 411.450 personas con discapacidad se encuentran ocupadas, pero solo 107.210 de ellas cuentan con un empleo formal. Así lo revela la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, que evidencia las persistentes barreras que enfrenta esta población para acceder a trabajos estables y con garantías laborales.
Aumento de la informalidad laboral
La situación se ha agravado en los últimos años. Entre 2021 y 2025, la proporción de trabajadores con discapacidad en la informalidad pasó de 70,5 % a 73,9 %, mientras que la formalidad cayó de 29,5 % a 26,1 %. Este preocupante panorama llevó al Ministerio del Trabajo y a Avianca a firmar una alianza orientada a ampliar las oportunidades de empleo incluyente en la industria aeronáutica.
Alianza entre MinTrabajo y Avianca
El acuerdo busca facilitar la vinculación de personas con discapacidad a empleos formales dentro de la aerolínea y promover entornos laborales más accesibles. La iniciativa también pretende convertirse en un referente para que otras empresas del país impulsen estrategias similares de inclusión laboral.
Sectores con mayor concentración de trabajadores con discapacidad
Según las cifras del DANE, la mayor concentración de trabajadores con discapacidad se encuentra en actividades de comercio y reparación de vehículos (19 %), seguida por agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (17,6 %). También tienen una participación importante las actividades artísticas y de entretenimiento (11,2 %) y la industria manufacturera (11 %).
Distribución por ciudades
Por ciudades, Bogotá lidera con 63.851 personas con discapacidad ocupadas, seguida por Medellín (35.087) y Cali (20.945). Más atrás aparecen Bucaramanga (14.809) y Cúcuta (12.507), mientras que otras capitales registran cifras menores.
Beneficios tributarios para empresas inclusivas
Cabe resaltar que las empresas que contratan personas con discapacidad certificada pueden acceder a beneficios tributarios contemplados en la Ley 361 de 1997, que permite deducir hasta el 200 % del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados a estos trabajadores. Esta medida busca incentivar la contratación formal y reducir la brecha laboral que afecta a este grupo poblacional.
