Gobierno propone cambio histórico en comercialización de viviendas sociales
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ha publicado un borrador de decreto que podría transformar radicalmente la forma en que se venden las viviendas de Interés Social (VIS) y de Interés Prioritario (VIP) en Colombia. La propuesta central busca que estos inmuebles dejen de comercializarse en salarios mínimos y pasen a fijarse en pesos colombianos fijos desde el primer acuerdo, es decir, desde la separación o firma de la promesa de compraventa.
Protección para hogares de menores ingresos
La medida, que actualmente se encuentra en etapa de proyecto y abierta a comentarios ciudadanos, tiene como objetivo principal proteger a los hogares de menores ingresos. Actualmente, muchos proyectos VIS se comercializan en salarios mínimos, lo que traslada al consumidor el riesgo de los incrementos anuales. Con el nuevo decreto, esa práctica quedaría limitada significativamente.
Según el documento gubernamental, el propósito es que el comprador conozca el valor total de la vivienda en pesos fijos desde el inicio del negocio, y que ese sea el único precio exigible hasta la entrega del inmueble. Esto evitaría que el precio final suba automáticamente cada año con el aumento del salario mínimo, situación que ha afectado históricamente el cierre financiero de numerosas familias colombianas.
Topes máximos y régimen especial
El borrador también ratifica los topes máximos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo:
- Vivienda de Interés Social (VIS): hasta 135 salarios mínimos
- Vivienda de Interés Prioritario (VIP): hasta 90 salarios mínimos
Además, se mantiene un régimen especial para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde la VIS rural podrá llegar hasta 280 salarios mínimos. Esta excepción responde a los altos costos logísticos y de materiales en el archipiélago, reconociendo las particularidades geográficas y económicas de esta región insular.
Mayor transparencia y seguridad jurídica
El proyecto refuerza sustancialmente la obligación de informar precios claros, verificables y completos, en línea con el Estatuto del Consumidor. La Superintendencia de Industria y Comercio será la entidad encargada de vigilar que constructores y vendedores cumplan estas nuevas reglas de manera estricta.
El decreto plantea explícitamente que el valor final de la VIS debe responder a costos reales de construcción como suelo, materiales, mano de obra y gastos financieros, y no a ajustes automáticos por salario mínimo. Para el Gobierno Nacional, esta modificación busca evitar endeudamientos innecesarios y dar mayor seguridad jurídica a quienes aspiran a tener casa propia en Colombia.
Todo este marco normativo se enmarca en el derecho a una vivienda digna consagrado en la Constitución Política y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual Colombia es signatario. La iniciativa representa un avance significativo en la protección de los derechos de los consumidores y en la democratización del acceso a la vivienda en el país.
