El director general de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Alfred Ballesteros, ha solicitado la apertura de un debate nacional sobre la protección de millones de personas que residen en áreas históricamente propensas a inundaciones y crecidas de ríos. En medio de la discusión sobre la viabilidad de intervenir fuentes hídricas para mitigar desastres, Ballesteros defendió la necesidad de ejecutar intervenciones técnicas controladas en los ríos, argumentando que son indispensables para salvaguardar a comunidades asentadas en zonas ribereñas vulnerables debido al crecimiento urbano desordenado.
Llamado a una política nacional
“No podemos condenar a comunidades enteras a vivir bajo el agua o en riesgo permanente simplemente porque durante décadas el país creció alrededor de las fuentes hídricas. Esa es la realidad territorial de Colombia y tenemos que afrontarla con responsabilidad”, manifestó Ballesteros. El funcionario hizo un llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio de Ambiente, a las autoridades territoriales, a la academia y a institutos científicos para estructurar una política nacional que articule la protección ecológica con la seguridad de la vida humana.
Ballesteros criticó a los sectores que rechazan de manera absoluta cualquier obra en cuerpos de agua, señalando que muchas discusiones carecen de contexto social y geográfico. “Es muy distinto analizar estos fenómenos desde un escritorio en Bogotá que recorrer los municipios, hablar con las comunidades y entender cómo viven miles de familias expuestas al riesgo”, aseveró, enfatizando que la inacción también acarrea consecuencias graves.
Antecedente en el río Neusa
Sin embargo, las declaraciones de la CAR chocan con la experiencia de comunidades que denuncian afectaciones ambientales. En agosto de 2024, habitantes de Cogua reportaron que intervenciones con maquinaria pesada en el valle aluvial del río Neusa arrasaron con vegetación nativa, transformando un paisaje biodiverso en tierra expuesta. Vecinos de las veredas La Plazuela y Patasica señalaron que la remoción de la capa vegetal genera un efecto adverso: al perder la barrera natural, el caudal corre con mayor velocidad, afectando poblaciones aguas abajo.
Además, defensores del territorio criticaron la falta de socialización de los proyectos y el impacto destructivo sobre especies vulnerables como el cangrejo sabanero y el pez Capitán. Expertos advirtieron que estas intervenciones pueden facilitar la propagación de especies invasoras como el retamo espinoso y acacias, y persiste el temor de que la alteración de planos aluviales favorezca actividades de minería de grava y arena.
Balance institucional en el río Bogotá
Pese a los reclamos, la CAR insiste en que sus enfoques permiten alternativas técnicas controladas complementadas con restauración ecológica, recuperación de rondas hídricas y manejo de sedimentos. Ballesteros señaló que la solución no puede ser la inacción ante emergencias climáticas recurrentes.
Como respaldo, la corporación expone los resultados de la adecuación hidráulica entre 2013 y 2017 en 70 kilómetros de la cuenca media del río Bogotá. Las obras incluyeron la ampliación del cauce de 30 a 60 metros de ancho y la adquisición de más de 600 hectáreas para zonas de amortiguación. Se extrajeron cerca de 1.4 millones de metros cúbicos de sedimentos en la cuenca media, sumados a 12 millones retirados en la cuenca alta. Según la entidad, estas intervenciones en un tramo de 111 kilómetros entre Soacha y Cajicá han beneficiado a más de 8 millones de habitantes, sin desbordamientos en los últimos 15 años, incluso durante fuertes temporadas invernales entre 2020 y 2025.
