El Gobierno de la Región de Murcia ha anunciado que presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el procedimiento extraordinario de regularización de inmigrantes en situación irregular. La portavoz del Ejecutivo murciano, Marisa López Aragón, explicó que la medida impulsada por el Gobierno central "atenta contra los intereses generales de la Comunidad" y "afecta al ámbito competencial de la región, en particular en materia de asistencia social e integración de estas personas".
Fundamentos del recurso
El Consejo de Gobierno de Murcia aprobó este jueves la interposición del recurso, que según López Aragón vulnera el principio de autonomía financiera. "Ampliar el acceso a autorizaciones de residencia conlleva un incremento del número de personas potencialmente destinatarias de prestaciones cuya gestión corresponde a la comunidad autónoma, sin que se haya previsto un incremento de financiación para cubrir ese gasto adicional", señaló.
Además, el Ejecutivo regional considera que el proceso vulnera el principio de lealtad institucional y contraviene la Directiva de la Unión Europea, que reserva la regularización a supuestos excepcionales debidamente motivados y limitados.
Impacto en el mercado laboral
El recurso también alega que la aplicación de esta normativa puede generar inseguridad jurídica y efectos negativos para el mercado laboral y las empresas de la Región, especialmente en los casos relacionados con autorizaciones de residencia por arraigo. López Aragón explicó que "la normativa no garantiza mecanismos claros de información a los empleadores afectados y podría derivar en sanciones o responsabilidades para empresas que contrataron o actuaron conforme a la legalidad y de buena fe".
Con esta acción, Murcia se suma a otras comunidades autónomas que han mostrado su rechazo a la medida, argumentando que supone una carga adicional sin los recursos necesarios para afrontarla.
