Durante años se insistió en la necesidad de controlar la venta de líneas celulares en Colombia. Hasta el 2025 no existía un lineamiento claro sobre quién tenía la responsabilidad del registro de los compradores y usuarios de las SIM card. Para algunos, el control debía darse en el momento de la compra, pues allí debería registrarse a la persona a la que se le vendiera una SIM; para otros, el control debía darse en el momento de la activación de esa línea en un aparato celular.
Un problema de seguridad ciudadana
Quizás parecía solo un debate tecnológico o económico, pero en realidad se trata de un asunto de seguridad ciudadana. Según datos del Gaula de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación, del total de casos de extorsión en Colombia, cerca del 69 % se realiza desde centros carcelarios y penitenciarios. Este fenómeno es impulsado por el vacío en la regulación de venta de SIM card, que permitía comprar paquetes de 50 o 100 líneas e ingresarlas a las cárceles. Allí se activaban y, en cuanto eran detectadas, se desechaban y se usaban otras del paquete.
Proyecto de ley en el Congreso
En la actualidad cursa en el Congreso un proyecto de ley que busca atacar este problema. La solución de raíz sería que las cárceles fueran espacios controlados por el INPEC y no hoteles donde los delincuentes tengan oficinas de gerencia de sus bandas o call centers del crimen.
Resolución 7684 de marzo de 2025
Mientras cursa la iniciativa legislativa, se dio luz verde a la Resolución 7684 de marzo de 2025, un paso para salvar este panorama, pero que genera una nueva preocupación. Según el documento de la Comisión de Regulación de Comunicaciones: “El operador deberá verificar en tiempo real, utilizando el mecanismo que considere idóneo, la coincidencia del tipo, número y fecha de expedición del documento de identificación del usuario sea persona natural o jurídica”.
Con ello, si bien el proceso de activación de los servicios móviles comenzará cuando la SIM es insertada o activada en un equipo terminal móvil, es hasta que el proceso de activación no se complete de manera exitosa que el operador no podrá activar los servicios de comunicaciones prepago. El protocolo es un avance, pero impulsará a que ahora, con datos completos de una cédula o pasaporte, los delincuentes se hagan pasar por otra persona, logrando activar la SIM card a nombre de un tercero y metiéndolo en problemas como titular de la línea. Cuando dicha línea sea reportada por ser usada para extorsionar, será el titular el que responda ante las autoridades. Aunque logre demostrar que fue una suplantación, el problema es la velocidad con la que avanzan este tipo de casos en la justicia colombiana y los perjuicios que acarrea la víctima mientras tanto.
Consecuencias para las víctimas
Así, mientras el inocente logra demostrar su inocencia por una suplantación, los daños y perjuicios económicos, laborales y hasta psicológicos que trae para la víctima no hay quién los pague. A la par, los delincuentes seguirán acabándoles la vida a más y más personas.
